Nos deben respuestas

Para el pueblo no trabajan
El día de ayer ocho regidores del Ayuntamiento de Mérida le negaron la posibilidad a esta ciudad de contar con un tribunal para dirimir las controversias ciudadanas en materia de justicia. Lo más triste de todo es por qué no quieren que se le quite el poder al Estado de manejar la Ley a su antojo y seguir teniendo el monopolio en materia de justicia que hoy tienen. El asunto de fondo, estimado ciudadano, desgraciada y tristemente es político. Minutos antes de la sesión, los ocho regidores citaron al alcalde para exponerle un acuerdo “político” por encima de la Ley. Éste consistía en que la duración del encargo del juez del tribunal y sus auxiliares fuese por el término de esta administración, y no como marca el artículo 198 de la Ley de Gobierno de los Municipios, de tres años, independientemente del término constitucional de los ayuntamientos. ¿Cómo acceder a que un “acuerdo político” esté por encima de la Ley? Todos los ciudadanos, los abogados, los participantes de este proceso de selección, las cámaras empresariales, de abogados, las universidades y la ciudadanía en general debemos preguntarnos ¿por qué votaron en contra si todo el proceso fue avalado y calificado por la Facultad de Derecho de la UADY, y el Colegio de Abogados? Porque si todo el procedimiento fue transparente, si el reglamento que aprobamos por unanimidad y que se había trabajado hace año y medio durante largas jornadas donde ellos pudieron dar a conocer sus argumentos y decían que era correcto, y si todo estaba en orden, de nuevo me pregunto, ¿por qué votar en contra? Todos debemos hacernos esa pregunta y todos debemos hacerles esa pregunta a ellos. En sesiones prolongadas y extensas han repetido mil veces respeto irrestricto a la ley, han pedido debatir con argumentos sólidos, han criticado que los regidores de Acción Nacional somos empleados del alcalde por votar a favor de sus propuestas y hoy que tuvieron la oportunidad de “debatir” como ellos han criticado anteriormente, no dieron un solo argumento, hicieron “mutis” se callaron la boca y levantaron la mano en contra. ¿Por qué? Porque la Ley nos da la razón, ellos le han hecho un daño histórico al desarrollo institucional y a la autonomía municipal de Mérida y sin decir pío. Dejaron que la línea partidista se imponga sobre el bienestar de los ciudadanos al cerrarles el acceso a la justicia por no estar en manos del PRI. No olvidemos la fecha de este hecho: 26 de marzo de 2009. No olvidemos sus nombres y sus partidos: Luis Jorge Vela Sosa (PRI), Omar Arturo Pacho Sánchez (PRI), Flor Isabel Díaz Castillo (PRI), Antonio Homá Serrano (PRI), Carlos Sarabia Barrera (Todos Somos Yucatán), Carlos David Ramírez y Sánchez (PVEM) y Jorge Antonio Vallejo Buenfil (PRD). Estimados lectores, Mérida perdió ayer; ellos ocho merecen dar una explicación a los ciudadanos, porque además hicieron caso omiso a la sociedad civil que participó en este proyecto. Estimados señores antes mencionados, le deben a todos los meridanos respuestas, hablen y explíquenles por qué y sin mentiras.— Mérida, Yucatán. Renan Barrera Concha *Editorial publicada en el Diario de Yucatán el 27 de marzo de 2009